Necesitamos un nuevo marco de relación entre los pueblos que supere «el café para todos» autonómico y que garantice los derechos y conquistas sociales de la clase trabajadora de nuestro país, la justicia social y suponga un marco de convivencia compartido entre las diferentes nacionalidades de este estado plurinacional llamado España
La Constitución española de 1978 se aprobó tres años después de la muerte del dictador e instauró «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que forman el Estado. Dicho reconocimiento de las autonomías era una reivindicación de las llamadas nacionalidades históricas, como Euskadi o Cataluña, cuya voluntad de autogobierno arranca en el siglo XI con la constitución de uno de los primeros parlamentos del mundo, si no el primero (existe cierta polémica sobre si fue en León donde se constituyó el parlamento más antiguo del mundo).
Históricamente, es con la proclamación de la II República, cuando algunas regiones aprobaron sus estatutos de autonomía. Concretamente: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. De hecho, Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos.
Sin embargo, unos años más tarde, la dictadura acabó con las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno dentro de España o dentro de Iberia (incluyendo a Portugal) proclamando la unidad de la patria y no es sino hasta años después de la muerte del dictador que se restituye la posibilidad de que los pueblos se constituyan en comunidades autónomas.
Este hecho supuso un cambio de 180 grados con respecto a la dictadura franquista, que se basaba en planes centralizados tradicionales, para dar lugar a una organización estatal en la que se reconocía, siquiera parcialmente, las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno. Sin embargo, la realidad es que tal estado autonómico no podía permitirse el lujo de que hubiera regiones organizadas con estatuto de autonomía y otras provincias no organizadas en autonomía, por lo que se aplicó el “café para todos”, y en algunos casos incluso se obligó por decreto a que algunas provincias reticentes se incorporaran a una comunidad autónoma, como fue el caso de Segovia.
Desde la constitución de las 17 comunidades autónomas, estas han ido desarrollando las competencias que tienen asignadas (exclusivas o no) a diferentes velocidades.
Dicho de otra manera, aunque todas las comunidades tienen acceso a las mismas competencias delegadas del estado, existen comunidades autónomas que han desarrollado esas competencias y otras que no, como muestra de las diferentes voluntades de autogobierno de los diferentes pueblos del estado español.
Las comunidades gobernadas por el PP, en cuanto al desarrollo autonómico, siguen la estrategia del perro del hortelano, que «ni come ni deja comer», y se rasgan las vestiduras clamando contra comunidades que como es el caso de Cataluña, quieren seguir desarrollando su capacidad de autogobierno, dentro del marco constitucional.
De ahí, por poner un solo ejemplo, el gran debate abierto sobre “la financiación singular de Cataluña”, comunidad autónoma que basándose en su propio Estatuto de Autonomía (refrendado por el pueblo catalán y aprobado (y reformado) por el Congreso de los diputados) quiere seguir avanzando en el desarrollo competencial, y en el sostenimiento de los servicios públicos para hacerlo posible.
Por otro lado, cabe decir, que en el ejercicio de sus competencias, sobre todo en el ámbito fiscal, las comunidades autónomas han aplicado diferentes medidas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha rebajado los impuestos a las rentas más altas, mientras que otras comunidades no lo han hecho. Como ha manifestado Salvador Illa recientemente, «no pueden dar lecciones los que rebajan los impuestos a los ricos».
No supone ningún problema avanzar en la transformación del Estado, profundizando en el desarrollo competencial. Un desarrollo que como hasta hoy en día, puede seguir siendo asimétrico, con diferentes grados de autonomía o distintas competencias, o bien caminar al Estado Federal.
El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el cual regalar privilegios y prebendas a los amiguetes, a los especuladores, y a las rentas más altas, tal y como hace Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Pero si a Cataluña se le ocurre abrir el debate sobre la necesidad de establecer una financiación singular, el PP enseguida apela a la igualdad de los españoles. Igualdad que profanan en sus propias comunidades con medidas políticas y fiscales liberales.
Eso no quiere decir que las comunidades autónomas estén bien financiadas, que no lo están. Y de hecho, esa infrafinanciación de las autonomías es un caldo de cultivo magnífico para reducir servicios públicos y liberalizar el sector público. Al mismo tiempo, una política fiscal ultraliberal como la que aplica Ayuso también produce infrafinanciación.
Por tanto, no es de extrañar que Ayuso se sienta cómoda con un «status quo» autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» para privatizar servicios públicos como las residencias o la sanidad.
Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar en un modelo de Estado federal.
El Federalismo es una evolución del estado de las autonomías que puede permitir avance en la clarificación del Artº 2 de la Constitución y la pluralidad de pueblos que componen el Estado español , asegurando la solidaridad de los pueblos, y permitiendo que las diferentes regiones con voluntad de autogobierno puedan tener la financiación necesaria para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
Tanto el Estado de las Autonomías, como el hipotético Estado federal, tienen ese fundamento: los servicios públicos. Y son estos los que vertebran la arquitectura del Estado, que es la estructura que los une. Si existen estas variantes o tipos de Estado son para acercar, racionalizar y mejorar los servicios que los ciudadanos hemos creado como sostén de la convivencia y la equidad social.
Un Estado federal debe establecer mecanismos para garantizar una sanidad pública, una educación pública, y unas pensiones y servicios públicos de calidad en todos los rincones del estado.
Un Estado federal debe establecer los diferentes niveles de decisión política, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, y, por tanto, incluir el municipalismo, cuyas administraciones son las más cercanas a los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Un Estado federal debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios. En este sentido, recordar que el Senado debería ser una cámara de representación autonómica, y no lo es.
Un Estado federal debe organizar a las distintas regiones de forma que estén cosidas unas a otras por el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social, y no por la guerra entre autonomías ni por la duplicidad competencial de las administraciones.
Un Estado federal debe saber conjugar la singularidad, la idiosincrasia cultural, lingüística, o de derecho, de las diferentes regiones, con los derechos sociales de la clase trabajadora. De hecho, los derechos sociales y los derechos nacionales de los pueblos son indisolubles.
El 41º congreso del PSOE no puede dejar pasar la ocasión de avanzar hacia una nueva organización federal del estado, un nuevo marco de relación entre los pueblos, que desde la convivencia fraternal y solidaridad, evite el dumping fiscal entre autonomías; que garantice los mismos derechos y oportunidades; que garantice una financiación suficiente de los servicios públicos, que evite la privatización de los mismos, y que evite la confrontación entre los trabajadores y los pueblos de las distintas regiones, mientras los ricos se continúan haciendo más ricos. En definitiva, se trata de dar respuesta a una necesidad política de los ciudadanos y los pueblos.
Mientras tanto, organizamos el debate con otros federalistas:
Baltasar Santos
Primer Secretari PSC el Vendrell
@baltasarsantos.com lo k si esta claro k necesitamos alcanzar los derechos de la clase trabajadora